Mi empresa es un desastre.

Analicemos la justicia Argentina, no desde un punto de vista teórico conceptual, cosa que he hecho en otras entradas, en las cuales he analizado el rol de la justicia y del aparato jurídico en la sociedad burguesa, viendo el carácter de clase que el sistema jurídico tiene en el capitalismo, sino desde una perspectiva técnica y cercana a lo que ella es e implica en nuestro quehacer cotidiano. Para ello voy a tomar el modelo de análisis organizacional, que es parte de mi know how profesional. Antes de entrar en tema me interesa hacer dos aclaraciones, no soy abogado, por lo que las menciones y análisis de los conceptos jurídicos tienen la provisoriedad de un lego y en segundo lugar no es mi interés discutir teoría jurídica, sino mostrar el proceso de descomposición en el que se encuentra la justicia argentina, que no es actual o de la última década, sino que hace casi un siglo que viene deteriorándose. El proceso de corrupción del sistema jurídico, tuvo un punto grave de inflexión durante la última dictadura con la impunidad en esos años del estado terrorista, la desaparición de personas, asesinatos, robo de empresas como en el caso Papel Prensa, etc., y se profundizó en la década del 90’ con los jueces de la servilleta de Corach, la Corte Adicta, el per saltum, etc. Lo significativo de los últimos años es que la corrupción del sistema jurídico salió a la superficie y tomó estado público por el proceso de cooptación de los jueces nombrados por la dictadura y el menemismo que hicieron las corporaciones mediáticas fundamentalmente y un sector de la burguesía industrial y agraria, proceso este que se vio avalado por una oposición política irresponsable, que apaña (directa o indirectamente) muchas resoluciones incongruentes y autocráticas de los funcionarios judiciales (que por cierto nosotros no elegimos, más aún, en muchos casos ni siquiera el sistema democrático eligió). La justicia que en el imaginario capitalista debería estar por fuera del juego político partidario, una suerte de corporación aséptica, que no se contamina con los avatares de la política partidaria, hoy se encuentra tremendamente partidizada entre los se ven representados por el oficialismo y los que están del lado de la oposición, al punto tal, que han formado sus propias organizaciones político partidarias que no se llaman Unión Cívica Radical, Justicialismo, Partido Socialista, pero que tienes nombres indentificatorios como justicia legítima u otros nombres. Encontramos jueces que establecen medidas cautelares, precautelares, que si bien existen en el código civil, son de carácter transitorio y perentorio y están destinadas a defender los derechos de los afectados para que no sufran un dolo personal o material hasta que el juez dicte sentencia sobre las cuestiones de fondo. Tenemos jueces que han dictado cautelares, como la que se dicto a favor del diario La Nación, que había sido sancionado por evadir impuestos por un valor cercano a los 280 millones de pesos, y donde muchos afirman que un juez de 96 años no se jubila para evitar que esta cautelar caiga y el diario tenga que pagar. Mientras que La Nación no paga el impuesto a la ganancia mínima presunta millones de trabajadores somos saqueados en casi el 40% de nuestros ingresos que significa el pago del impuesto a las ganancias de cuarta categoría. También tenemos la cautelar del grupo Clarín contra la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual que duró cuatro años, y la posterior cautelar contra la adecuación de oficio que el AFSCA decidió ante la ilegal presentación del grupo Clarín para adecuar el conglomerado a la ley n° 26522, la cautelar a favor de la empresa L.A.N., o la reciente medida pre cautelar que impide la puesta en funciones de fiscales designados por Gils Carbó en uso de sus facultades constitucionales por citar algunos de los abusos empresariales y políticos de las cautelares y pre cautelares con el silencio cómplice de todos los políticos opositores que se arrodillan ante las corporaciones con la esperanza de poder tener un espacio en Radio o TV o de ser apoyados por corporaciones tan asesinas como los militares genocidas, como lo es la Sociedad Rural Argentina. También la Corte tiene lo suyo y permanentemente toma decisiones que no se ajustan a derecho como dicen los abogados, sino que lo hace en función de conveniencias políticas o económicas de sus integrantes y allegados. Cuando un ciudadano quiere litigar es frecuente que su letrado le informe que es conveniente esperar y presentar la demanda ante tal o cual juez que es más fácil de ”arreglar”, recuerdo un juez que toda la prensa informó que lo “arreglaron” con un placard. El sistema jurídico no es falible, es corrupto, es corrupto porque existen jueces que no deberían serlo, porque tienen sus manos manchadas en sangre por su complicidad con las dictaduras, o porque son jueces nombrados en la época neoliberal para que respondan a los dictados del ejecutivo defendiendo con sus fallos las inequidades que la derecha argentina encaramadas en un partido popular cometió. Es corrupto porque hay jueces con intereses ligados al narcotráfico (como la jueza novia de un narcotraficante, o el juez rosarino que viajó a EE.UU. con los gastos pagos por un narco, es en definitiva corrupta porque no es imparcial, no tiene los ojos vendados, sino que esta para defender los intereses de los burgueses y en muchos casos de algunos burgueses más poderosos económicamente que otros. El punto más álgido es el affaire del fiscal Nisman que siendo fiscal del caso de la voladura de la AMIA inició una investigación por encubrimiento contra la presidenta, el canciller y algunos ciudadanos sin notificar al juez de la causa Canicoba Corral, quien afirmo que parte de lo actuado por el fiscal podría ser considerado al margen de la ley. Basó su investigación en la información que le proveía un agente de la ex SIDE Jaime Estiuso (Antonio Stiles es su nombre real) que estuvo en la SIDE por cuatro décadas (es decir desde la década del 70´) siendo parte del aparato de represión de la salvaje dictadura militar que asesinó a 30.000 compañeros y que posee vínculos con la CIA, el Mossad, y se lo sindica como parte de la operación de encubrimiento al atentado a la AMIA y parte de numerosas operaciones espurias de inteligencia contra los gobiernos democráticos. Sus argumentos para implicar a la presidencia se basaron en las escuchas al falso agente de inteligencia Ramón Allan Héctor Bogado y el ex juez Héctor Yrimia a los que sostenía como agentes de la ex SIDE y en realidad nunca pertenecieron a ese organismo como lo indica el comunicado de Oscar Parrilli, titular de la Secretaría de Inteligencia. También denuncia comunicaciones telefónicas donde Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil menciona reuniones con el dirigente camporista “Cuervo” Larroque, y con el dirigente D’Elias, quien dice que esta en la Rosada y habla de que está arreglado para un acuerdo con Irán. Fundamenta el motivo comercial del acuerdo con un supuesto intercambio de petróleo y trigo entre Argentina e Irán, cuando la Argentina casi no tiene intercambio con ese país y habla de una promesa de bajar las circulares rojas contra dirigentes iraníes, y el director de Interpol lo desmiente taxativamente en un e-mail enviado a la Cancillería diciendo que nunca la Argentina intentó bajar las circulares rojas. En definitiva estamos ante una denuncia disparatada, que tiene todos los visos de haber sido redactada por una persona crédula que fue engañada o de un sujeto con fuertes lazos con servicios de inteligencia extranjeros como el Mossad o la CIA, que lanza una denuncia temeraria para desestabilizar al gobierno constitucional en un año electoral, y que lo hace sobre la base de comprar, como se dice en la jerga del hampa “carne podrida” a un delincuente genocida que fue exonerado de la Secretaría de Inteligencia y que probablemente haya armado esta operación de inteligencia. La historia tiene un trágico final, con un fiscal que se suicida (o es asesinado aún no se sabe), aunque por las características del lugar, la seguridad del fiscal, y los datos de su muerte, sobre todo que la bala salió de una pistola que le acercó un colaborador muy cercano de la fiscalía, me inclino a creer que se trata de un suicidio. Si no fuera suicidio el primer sospechoso del crimen sería el colaborador que le acercó el arma y que fue uno de los últimos en verlo con vida. Quiero aportar una hipótesis, puede que el fiscal haya sido un bipolar, lo que explica que dejó una nota para su empleada con las compras a hacer el lunes, o que en T.V. a veces apareciera muy seguro y con mucha máquina, pero que en otros momentos cayera en una depresión muy fuerte. Esta es la característica de los bipolares manía y luego depresión lindante con la melancolía, y aunque el fin de semana se llevó el trabajo a su casa para ultimar detalles para la reunión en Diputados, en un momento hizo, como dicen los psicoanalistas, un “pasaje al acto”, al darse cuenta que la estructura de su denuncia era un castillo de naipes y se suicidó. Otra hipótesis es que ante la posibilidad del papelón que iba a hacer en la reunión de la comisión de la Cámara de Diputados sintiera que podía ser desvinculado de su función y que perdía el control de una cuantiosa cuenta de recursos que disponía para la investigación y tuviera dificultades para transparentar las cuentas, lo que lo llevó al suicidio. Pero son hipótesis, meros juegos intelectuales, solo el fiscal sabe lo que realmente pasó y que lo llevó a tomar tan trágica decisión. A los argentinos se nos abre un tiempo de reflexión, ya que tenemos una empresa que es de todos, el sistema judicial, que es un desastre, con direcciones estratégicas que no conducen la organización, una empresa que en sus pliegues permite que se escondan jueces nombrados durante la dictadura genocida, con empleados que no obedecen a sus superiores y le ocultan información sobre sus operaciones. Con muchos empleados corruptos que reciben dádivas para tomar decisiones contra los intereses de la organización, con un sistema altamente burocratizado y lento que no garantiza la administración de la justicia, con jueces muy ancianos que siguen en sus cargos y no se jubilan quien sabe porque intereses, y donde los “consejos de asociados” que son el parlamento y el poder ejecutivo pareciera que nada pueden hacer para cambiar a la organización. Mientras tanto los argentinos sufrimos compañías que “adornan” al sistema judicial para que falle en favor de sus intereses y en contra de los nuestros con empresas que abusan de los usuarios dando malos servicios, cobrando altas cuotas, etc., somos discriminados y pisoteados por el sistema judicial conservador sin que siquiera nos quejemos. Una perla porque a los empleados nos esquilman con el impuesto a las ganancias y los miembros del sistema judicial no lo pagan cuando ganan muchas veces más que nosotros. Es hora que los argentinos salgamos a las calles a exigir una reforma del sistema judicial profunda, de los contrario como decía el tío Pascual “estamos al horno con papas”. Hasta la próxima.