Sobre la democracia.

En la Argentina se está comenzando a desarrollar un importante debate político. Se trata ni más ni menos, de las características y el contenido que debe tener la democracia. El debate por la reforma de la justicia se relaciona directamente con esta cuestión. Hace años el garante del orden burgués era el ejército, que era el brazo armado de la burguesía para ejercer su poder y gozar de todos los privilegios de clase que le permite el capitalismo. Pero el ejército en la década del 50’ podríamos decir que hizo una opción de fracción de clase. Esta opción, que había sido ensayada en la década del 30’luego del golpe a Irigoyen, se consolida con el golpe a Perón. No es casual que ambos mandatarios hayan sido destituidos por las fuerzas armadas, los dos presidentes, aunque con diferencias de matices, representaban los intereses de un sector de la burguesía argentina, la burguesía industrial y comercial fundamentalmente ligada al mercado interno y que se organizaba en torno a la Confederación General Económica (CGE) y que incluía a sectores del pequeño y mediano empresariado comercial, a las industrias PYMES, a las pequeñas industrias reunidas en torno a APYME (Asamblea de Pequeñas y Medianos Empresarios) a un sector del empresariado rural nucleado en torno a la Federación Agraria Argentina y los campesinos de movimientos de comunidades originarias y de micro propietarios territoriales. En el año 30’ y fundamentalmente en el 50’el ejército deja de estar en una posición de bonapartismo frente a los diferentes sectores burgueses y se enrola decididamente con los intereses de la gran burguesía terrateniente, el capital financiero local e internacional, las grandes corporaciones internacionales, todos estos sectores con intereses compartidos con el mercado internacional. Por esos años el ejército se constituye en el aparato represivo más importante del país y luego del golpe de 1976 en un ejército genocida al servicio de los intereses de una fracción concentrada de la burguesía. Con la caída del muro de Berlín, los grandes cambios en las democracias occidentales que implican la implementación de sistemas representativos de gobiernos con uso de un cierto estado de derecho y el avance de las tecnologías informáticas y las telecomunicaciones, el modelo de dominio de la burguesía comienza a sufrir una metamorfosis. Por otra parte el ejército se mostró en la década del 70’y comienzos de los 80’como una estructura de poder que se separaba netamente de la sociedad y que se constituía en una estructura autopoiética que operaba al margen de los propios estamentos e intereses de grandes sectores de la burguesía. Las relaciones de dominación mutaron esencialmente y en lugar de la represión abierta que la burguesía había utilizado a lo largo del siglo XX, comienzan a establecerse nuevas formas de control social basadas en el control de las personas a través de la información, Aunque no lo sepamos, somos espiados cotidianamente, nuestros correos electrónicos, teléfonos y demás medios de comunicación son intervenidos por las grandes computadoras que operan a nivel internacional y nacional. Hoy ya no es necesaria la represión abierta, basta con que los medios masivos tengan una presencia importante al interior de nuestras casas para que instalen sucesivas agendas de debate doméstico y construyan realidades que frecuentemente aceptamos sin poner en interdicción. Aun así, se hace necesario tener algún reaseguro para garantizar el dominio burgués. No contando con el partido militar, y no confiando decisivamente en la acción de los medios de comunicación de masas, la gran burguesía ha instalado en nuestro país una nueva superestructura dominante, el sistema judicial. El sistema judicial, es una estructura que no es electa por la voluntad popular, tampoco puede participar en el mismo cualquier persona, solo los abogados pueden hacerlo. Es un sistema de carácter oligárquico antidemocrático, que, a diferencia del poder legislativo y el ejecutivo que son electos por la voluntad popular y donde solo pueden sobrevivir los cómplices de la dictadura genocida si los gobernantes que elegimos lo permiten, ha protegido entre sus filas a conspicuos jueces designados por los genocidas y a lo largo de casi 30 años no se ha depurado. No pretendemos decir que los jueces designados en democracia sean la mar de la rectitud y que tengan una franca vocación igualitaria, recordemos que muchos de ellos fueron designados durante los gobiernos de Menen y de De La Rúa, quienes se subordinaron a los dictados políticos y económicos de la derecha neoliberal que conjugaba con el consenso de Washington y la Trilateral Comisión. La propuesta del ejecutivo de elegir por voto popular a los representantes del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que evalúa a los futuros jueces y les realiza juicio político por incumplimiento de sus deberes, era un paso adelante, aunque no un avance definitivo en materia de democratización del sistema judicial. Con su poder económico los sectores más concentrados de la burguesía han avanzado en la cooptación de la parte más importante del sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia y han logrado establecer una estructura más útil y eficaz para el control social que los militares asesinos. Votamos legisladores que nos “representan” pero esos legisladores solo pueden dictar leyes que no afecten los intereses centrales del sistema de dominio de la gran burguesía, si lo hacen esas leyes son declaradas inconstitucionales por este súper poder estructural. Es interesante observar que la Corte en una acordada declaró inconstitucional a la propia constitución, en el artículo que establecía que los jueces que la integran se deben retirar a los 75 años. Ahora declara inconstitucional una ley votada por amplia mayoría de los legisladores, deberíamos preguntarnos cuanto falta para que declare inconstitucional a la presidenta y determine quién debe ocupar su lugar. En otros diálogos hemos afirmado que el sistema representativo es un sistema que si bien es superador del autoritarismo de las dictaduras y de las monarquías, no constituye en esencia un sistema realmente democrático. La participación del ciudadano se reduce a votar cada cuatro años a quienes lo deben gobernar, por fuera de ello no es consultado en ninguna de la determinaciones que los políticos toman y que lo afectan. Pero esto no es todo, a la manera de la democracia griega en la que los ciudadanos que podían participar eran un grupo muy reducido (aquellos que habían nacido en Grecia y gozaban del derecho a ser ciudadanos), mientras que la mayoría (las mujeres, los metecos, los esclavos, etc.) no tenía ni voz ni voto en las decisiones, o en la Revolución Francesa de 1789 que en sus inicios solo permitía votar y participar del parlamento a los ciudadanos, y establecía que este carácter lo tenían aquellos que tenían alguna propiedad inmobiliaria, en nuestra democracia los que participan en la toma de decisiones también son un grupo reducido. En estos treinta años se ha constituido una capa burocrática, que podríamos asimilar a una fracción de clase, que es la encargada de gestionar el Estado. Son los políticos, aquellos que usufructúan su participación en lugares de decisión de los partidos políticos más importantes. Por supuesto que para llegar no se requiere un origen de clase, ya que los mismos son controlados por los aparatos partidarios y cuando se apartan de los intereses de la burguesía, inmediatamente son removidos de la burocracia de gestión. Es por ello que la principal lucha política en Argentina, y porque no decirlo en América Latina, es la lucha por la máxima ampliación de la democracia burguesa. Esta lucha implica que cada día vayamos por más, apoyando a los sectores políticos o a las legislaciones que operan esa el sentido de la democratización de las relaciones sociales, económicas y políticas de nuestros países. Así por ejemplo la ley de medios, el matrimonio igualitario, la estatización de los fondos de pensión, la estatización de Y.P.F., la reinstalación de una aerolínea de bandera, la asignación universal por hijos, el programa Conectar Igualdad, la creación del Mercosur y de la Unasur van en el sentido de la ampliación democrática y de los derechos sociales. Falta mucho, lograr que las medidas y leyes fundamentales sean plebiscitadas, que en todo el país los mandatos de los representantes puedan ser revocados por el voto popular, que se implemente la autonomía municipal y territorial, etc. Hoy a la hora de votar debemos ser cuidadosos. No es lo mismo un sector político que el otro, debemos elegir a quienes han demostrado que con sus errores, con sus arbitrariedades, con su falta de transparencia, han implementado un proyecto que es una base seria de sustentación para la real democracia en la Argentina. No nos olvidemos de la República de Weimar en Alemania que al echar a los socialistas que eran una opción progresista, abrieron el camino a los nazis que sepultaron el país en el mayor de los horrores. Hasta la próxima