Hay cuatro cosas que no soy. No soy peronista, no soy kirschnerista, no soy economista, no soy nacionalista. Solo soy un ciudadano que usa su facultad de pensar, como ciudadano puedo pensar y reflexionar sobre la marcha de mi país.
Con 62 años, mucho es lo que he visto, desde los lejanos años de la juventud en los que salíamos a la calle para defender a los trabajadores en la búsqueda de una sociedad mas justa e igualitaria, pasando por dos terribles dictaduras militares que cobraron la vida de lo mejor de la juventud argentina y los primeros casi treinta años ininterrumpidos de democracia.
Pero lo más notable que me ha sucedido, es que por primera vez voté a un gobierno (el de CFK) que en los hechos ha realizado lo que desde los lejanos años de la juventud preconizábamos.
En los años setenta la izquierda mas radical había enunciado una consigna, la lucha por la ampliación de la democracia. Basados en experiencias de democracia directa ocurridas en Roca y Malargüe, en las experiencias clasistas de los sindicatos obreros cordobeses (Sitrac-Sitram, Luz y Fuerza de Tosco, el SMATA de Salamanca, etc.) y las importantes movilizaciones que tumbaron a mas de un dictador (Cordobazo, Rosariazo, Vivorazo, etc.) muchos militantes de izquierda vimos en el proceso de lucha por la ampliación continua de la democracia una consigna que llevaría a la construcción del socialismo.
Un sector de la militancia de izquierda bregaba por apoyarse en lo que se denominaba “la burguesía progresista”, que no era otra cosa que el sector dela burguesía interesada en el desarrollo del mercado interno, del que lógicamente era tributaria, y que le generaba contradicción de intereses con el sector mas concentrado de la burguesía (el gran capital monopólico y financiero) mas interesada en el negocio financiero que en el desarrollo industrial de nuestro país.
Conozco un poco el tema por haberlo trabajado en mis libros “Historia Social de la Educación Media Argentina”[1] en los desarrollé un análisis de la evolución de la educación y su relación con la estructura económica argentina.
El proyecto, que podríamos denominar como nacional y popular y que expresaba el interés desarrollista de un sector de la burguesía argentina, cuya expresión política habían sido el radicalismo y el peronismo, tenía una impronta democrática.
Los gobiernos democráticos que se sucedieron a la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, y que por lo general expresaban el interés de la burguesía industrial ligada al mercado interno[2], accedían al control del aparato del Estado por medio del sufragio universal y en general se caracterizaban por una tendencia distributiva de la renta nacional.
Durante estos gobiernos iban accediendo a mejores condiciones de vida y de trabajo gruesos sectores de la población, lo que se evidencia en el acceso a la vivienda propia, el consumo de electrodomésticos y vehículos, el acceso a la educación media y a la universidad de los hijos de trabajadores, el imperio de leyes laborales, sociales, democráticas y previsionales, el acceso al turismo, etc.
Los períodos democráticos se veían sucedidos por dictaduras, ya que periódicamente, la burguesía financiera, el sector mas concentrado de la burguesía, que no contaba con ninguna base popular, interrumpía los procesos democráticos para instalarse en el control del Estado de la mano del partido militar.
Cada dictadura militar implicaba un número creciente de obreros, estudiantes y militantes populares asesinados, un destrucción de los derechos adquiridos en años de lucha, una distribución inequitativa de la renta, y lo que es muy importante, la aniquilación de todo pensamiento crítico hacia el sistema capitalista.
Las dictaduras prohibían toda clase de libros, sobre todo los de Marx, Lenin, Trotsky y de los pensadores revolucionarios de América Latina y el mundo.
Cada dictadura significaba un sinnúmero de conquistas perdidas, el imperio del terror, la desaparición y la muerte.
Tener algún libro de Marx, del Che, una foto de Guevara, escuchar a Castro en la Primera y Segunda Declaración dela Habana, eran actividades riesgosas, por lo que los materiales referidos a esas cuestiones eran periódicamente quemados, enterrados en los jardines, etc.
Otra impronta de la llamada “burguesía nacional” era el concepto de Estado, lo que la diferenciaba notoriamente del pensamiento de la burguesía monopólica y financiera.
Para los sectores mas concentrados del capital, lo mas importante es contar con un Estado que defienda sus intereses de clases, es decir que mas allá de su participación en cuestiones de seguridad (entendida como represión salvaje a quienes se oponen a sus intereses) y la administración de la Justicia, el Estado no debe intervenir en la vida económica de la sociedad.
No es casual que el neoliberalismo, la doctrina económica que propugna la libertad absoluta de mercado, que ve al mercado como el único regulador de la vida social y económica haya sido la corriente de pensamiento económico exclusiva de todas las dictaduras militares[3]. Es que para la burguesía monopólica y financiera, que cuenta con todo el poder económico[4] para imponer la voluntad del mas poderoso, el Estado se constituye en un estorbo a su desarrollo, que le impide abusar de su poder económico concentrado, sometiendo a los sectores mas vulnerables dela sociedad.
En cambio los sectores menos concentrados y directamente ligados al mercado interno necesitan del instrumento Estado para regular el flujo de capitales con el exterior, las importaciones de productos manufacturados en el país, las reglas de una competencia medianamente transparente en el mercado interno, etc.
Y los sectores de la pequeña burguesía y los trabajadores y sectores vulnerables, que están en una situación de indefección frente a los abusos del capital, necesitan de la protección del Estado, un Estado que arbitre entre empresarios y sindicatos en las convenciones colectivas de trabajo, que controle e cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral, que sostenga un sistema previsional que les garantice la vejez digna, un sistema de salud que público que vele por el acceso universal a la salud, que genere políticas activas de inversión que promuevan el desarrollo del mercado interno ampliando las oportunidades laborales, que sostenga un sistema educativo gratuito e todos sus niveles que le de educación igualitaria a todos sus miembros de la sociedad, que defienda sus derechos democráticos y genere nuevos derechos sociales que amplíen la noción de ciudadanía.
Para tener autonomía y desarrollar políticas sociales activas, el Estado necesita poseer las herramientas que sostengan esa autonomía, que le permitan intervenir en la economía y la sociedad nivelando los poderes que se desenvuelven en ella, de manera de favorecer a los más vulnerables contra los poderes económicos más concentrados.
En este punto, en los setenta sosteníamos que el Estado debía contar con empresas que le permitieran regular el mercado y la sociedad, y no era cualquier tipo de empresas las que considerábamos que debían ser propiedad del Estado, sino aquellas que operaban en áreas sensibles de la economía y que por ello, su acción tenía un fuerte impacto sobre la misma.
Algunas de estas áreas son las telecomunicaciones, los mas media, los servicios telefónicos, los servicios de correo postal y hoy agregaríamos los servicios de Internet. Otro sector de importancia que debe estar en manos del .Estado o regulado por este es el transporte, sobre todo el trasporte urbano y de cercanías, la construcción y mantenimiento de las vías de comunicación, el desarrollo de un sistema ferroviario nacional. También el sector energético entra dentro de esta categoría de servicio esencial, las empresas eléctricas, de obras sanitarias, de combustibles, deben ser reguladas o propiedad del Estado. Finalmente el Estado debe tener una participación hegemónica en los sistemas previsionales, de salud y en la educación en todos sus niveles.
Es por ello que hacía la aclaración del principio, porque si bien no soy miembro del Frente para la Victoria, no ocupo, ni pretendo ocupar cargos en ningún gobierno (nacional, provincial o municipal), acompaño a un gobierno que ha demostrado tener la convicción y la capacidad de revertir el desastre económico y social que hicieron las corrientes liberales y neoliberales (en dictadura o gobiernos democráticos) con medidas que siempre me parecieron necesarias para sentar las bases de una auténtica sociedad democrática igualitaria, como ser, estatización de las empresas de energía y servicios (YPF, Aguas Argentinas, correo Argentino), de transporte como Aerolíneas Argentinas, previsionales como la eliminación de las siniestras AFJP, aumentando la inclusión social por vía de la asistencia a los mas vulnerables, ampliando los derechos civiles con el matrimonio igualitario y a futuro con la despenalización de la droga y el aborto, generando el derecho a la opinión, a la crítica y al disenso con la ley de medios audiovisuales, cimentado una democracia estable con el juicio a los genocidas para que sepan que ya no tienen lugar las aventuras militares en Argentina, etc.
En definitiva este es un gobierno que con sus limitaciones, con sus errores y aciertos, está haciendo posible la ampliación democrática en nuestro país, es por ello que hay que apoyarlo y ayudarlo a que profundice las reformas de nuestra sociedad.
Hasta la próxima
[1] Bonantini C. (1994/1996) Historia Social de la Educación Media Argentina. Tomos y II. UNR Editora. Rosario
[2] Hablamos de los Gobiernos radicales de 1916 a 1930, de los gobiernos peronista de 1945 a 1955, del gobierno desarrollista de Frondizi 1958/62, el gobierno radical de Illía 1963/66.
[3] Y también de algunos gobiernos “democráticos” como el de Menem y el de De La Rúa.
[4] Sea de origen nacional o transnacional como el Citicorp, el grupo Tetchin, el monopolio mediático de Clarín, etc.
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