Legalidad y legitimidad.

Es muy interesante analizar la relación entre estos dos términos ya que no siempre son coincidentes. Veamos en primer término que implica cada uno de ellos. La legalidad implica la existencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido. Todas las sociedades se rigen de una u otra manera por leyes escritas o tácitas, aun las más primitivas. Legal es todo lo que se realiza dentro del marco de la ley escrita y que tenga como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo que cada una de ellas entienda por tal concepto. Nuestra sociedad es heterónoma, es decir que los sujetos estamos supeditados a normas que en muchos casos no consensuamos, más aun, en no pocas oportunidades las leyes son dictadas antes de que nosotros vengamos al mundo, pero a las que debemos observar bajo amenaza de sufrir un castigo. Según Monedero, “el problema de la legitimidad encuentra su primera gran reflexión politológica vinculada a la continuidad de ciertos linajes reales (el legitimismo monárquico acuñado por Talleyrand y que actuó como uno de los ejes del Congreso de Viena), pero es a partir de la obra de Weber cuando pasa a formar parte de los conceptos fundamentales de la ciencia política, esencialmente entendida como "creencia" (Glaube) en la bondad del poder por parte de los ciudadanos, y como "pretensión" (Anspruch) por parte de los dominadores de obtener obediencia merced a la supuesta razón que les asiste para mandar y, por tanto, encontrar respuesta a sus mandatos. Es igualmente lugar común en el análisis profundo del concepto de legitimidad weberiano señalar sus inconsistencias y contradicciones que llevan a que sobre la base de una misma obra pueda constatarse la existencia de un weberianismo de derecha (Kilmansegg, que lo usa para contraponer la soberanía popular a la definición de legitimidad), otro reaccionario (Carl Schmitt, que encuentra apoyo en la obra de Weber para justificar su teoría del decisionismo y la equiparación de la legitimidad con la legalidad), uno "disolvente" (Luhmann, que negará la existencia de la legitimidad como problema real, limitándolo primero a procedimientos y en un segundo momento a mera cuestión de simpatía o antipatía hacia los gobernantes) o de un weberianismo de izquierdas (Habermas, quien insistirá en los factores culturales de la identidad y los factores negativos del desarrollo de la modernidad que conducen a deslegitimaciones, posibles crisis y agotamiento de las energías utópicas) (Heins, 1990)” (Monedero Univ. Complutense de Madrid). La legitimidad asume entonces el significado de consenso, algo es legítimo cuando existe un sentimiento compartido de la legalidad del evento, por eso Weber consideraba a la autoridad como el poder legítimo, el poder que inviste a una persona o institución y que emana del consenso que existe en una sociedad respecto al mismo, por ejemplo un presidente tiene el poder que le otorga el consenso común en los mecanismos de electividad de la primera magistratura. Pero el problema de la legitimidad agrega un nuevo punto de vista a la legalidad, ya que algo puede ser legal pero no legítimo. Por ejemplo en el derecho romano existía algo que se denominaba la res nullius o cosa de nadie, que por lo tanto era propiedad de quien la ocupaba, la Patagonia constituyó una res nullius y la conquista del desierto arrebató a los pueblos originarios sus tierras y las repartió entre los amigos de Roca. Cualquier persona que habita la argentina y tiene una propiedad (una casa, un campo) es legalmente propietario, pero no es el legítimo dueño ya que la misma es producto del robo que se realizó a los pueblos originarios mediante el derecho de conquista, es decir el conquistador puede apoderarse de todo lo que conquista, al mejor estilo romano. El concepto de legitimidad puede aplicarse a diferentes ámbitos de loa vida. Por ejemplo, la deuda externa que tiene nuestro país en el concierto internacional puede ser legal, por cuanto los prestamistas le prestaron dinero a la Argentina, pero en tanto, el préstamo fue tomado por un gobierno ilegítimo, que usurpaba el poder, al que había accedido mediante una operación delictiva (un golpe de estado) esa deuda es ilegítima. Un partido político que llega al gobierno con un determinado programa y luego toma decisiones opuestas a lo que prometió, se dice que continúa siendo legal, pero que perdió su legitimidad de origen en la medida en que rompió el mandato por el cual se lo votó. Desde mi punto de vista la legitimidad se relaciona con el concepto de autonomía de Castoriadis, según el cual, el mayor consenso social respecto a las normas es el que se logra cuando una sociedad o comunidad elabora sus propias normas y la vida social se regula por la decisión colectiva de los actores que participan de la misma, El sistema político actual; es un sistema heterónomo, en el cual no es la sociedad la que define por consenso las normas que regulan la vida social, sino que las mismas son tomadas por actores externos al colectivo social (los políticos), que además de ser una minoría social que decide en función de un mandato difuso que la sociedad le otorga con un voto, lo hace en función de normas pre establecidas (la constitución) por actores externos a la sociedad, no solo espacialmente, sino también temporalmente. Pero la sociedad burguesa tiene además otros reaseguros para evitar la irrupción de marcos normativos que rompan con los privilegios burgueses, si una determinada ley votada por el parlamento no es del gusto de un sector de la burguesía, esta tiene un sector aún más pequeño y elitista, los jueces, para abolir la legislación contraria a sus intereses. Si en un determinado momento histórico un sector de izquierda tuviera mayoría en el parlamento y accediera al gobierno no podría abolir la propiedad privada de los medios de producción por cuanto este derecho goza de jerarquía constitucional, y los jueces considerarían inconstitucional la norma. Este ejemplo muestra a las claras que legalidad y legitimidad no son sinónimos, un gobierno legítimo que cuenta con consenso popular, no puede tomar medidas que sean contrarias a la “legalidad”, es por eso que de Marx en adelante los revolucionarios consideraron que no es posible construir una sociedad igualitaria a partir de la legalidad burguesa y que una nueva sociedad solo podría ser el producto de un estado de excepción, como lo fueron la revolución francesa y la rusa, en el cuales el derecho burgués quedó abolido por imperio de la decisión de las masas movilizadas que asaltaron el poder. El problema de estos estados de excepción es que la cúpula dirigente asume que representa el interés colectivo, pero no necesariamente es así, por lo que en las grandes revoluciones de la historia ha imperado un régimen de terror que necesariamente llevó a quienes detentaron el poder a eliminar a sus rivales (ideológica y físicamente) tengan o no razón en sus argumentos. La revolución francesa primero y la rusa después se tragó en el proceso a los mejores pensadores abriendo paso a que se encaramen en el poder los oportunistas de turno como Napoleón, Stalin, etc.). Al final de estos procesos poco quedaba de la legitimidad de los movimientos y las mismas se transformaron en cascaras burocráticas que no solo no estuvieron a favor del pueblo, sino que gobernaron en contra de él, En nuestro país estamos bajo le supervisión de una “clase política” que realiza un simulacro de soberanía popular cada tantos años convocándonos a elegir cuál de los representantes burgueses deseamos que nos gobiernen, pero en ningún caso podemos elegir a un político que no sea un intelectual orgánico de la burguesía, y menos aún existe una democracia real que nos permita tomar por nosotros mismos las decisiones que atañen a nuestro futuro. Por ello creo que debiéramos discutir la necesidad de pasar de una democracia como procedimiento a una democracia sustancial, en la que, a la manera griega, sea la ekklesía (la reunión de todos los ciudadanos) la que por mayoría decida sobre nuestro presente y futuro. Mecanismos como la revocación de mandatos, el referéndum y el plebiscito, las asambleas populares, las autonomías municipales, son formas democráticas que nos acercan un poco más a una democracia sustancial, en el marco de la cual sea posible generar el consenso necesario para abolir el derecho burgués implantando un derecho de los explotados y oprimidos que posibilite construir pacíficamente una sociedad justa e igualitaria en la que los recursos no sean propiedad de unos pocos, sino que se repartan equitativamente entre todos los actores sociales.